Apoyarán a migrantes veracruzanos detenidos en las redadas de Los Ángeles
En caso de que el juez niegue la solicitud, el Gobierno de Veracruz también asumirá el compromiso de facilitar el regreso de los migrantes a sus lugares de origen.
Nueve migrantes veracruzanos fueron detenidos en Estados Unidos tras una redada en una fábrica textil en Los Ángeles. La gobernadora Rocío Nahle confirmó que el Gobierno de Veracruz apoyará a estas personas para que no sean repatriadas.
Gestionarán el pago de sus fianzas con respaldo de un abogado asignado por el Gobierno de México. La medida busca permitir que los connacionales permanezcan junto a sus familias, quienes ya radican legalmente en el país norteamericano.
“Son personas con muchos años viviendo en Estados Unidos, tienen hijos nacidos allá y están bien integrados en sus comunidades”, explicó Nahle.
Detalló que ninguno de los detenidos ha firmado la repatriación voluntaria, pues todos planean acudir ante un juez para solicitar una fianza que les permita continuar su proceso en libertad.
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Veracruz apoyará a los migrantes detenidos en redadas
La gobernadora señaló que los migrantes fueron asegurados durante una operación en una fábrica de ropa fina en el centro de Los Ángeles. Actualmente, se encuentran en centros de detención en esa ciudad, y desde el primer momento contaron con el apoyo consular.
El Gobierno de México asignó de inmediato, representación legal para defenderlos y preparar su solicitud de libertad bajo fianza.
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En caso de que el juez niegue la solicitud, el Gobierno de Veracruz también asumirá el compromiso de facilitar el regreso de los migrantes a sus lugares de origen, desde el punto donde las autoridades estadounidenses los dejen.
“Ya estamos coordinados con el Consulado de Los Ángeles. Si son devueltos por Tijuana, Ciudad de México o cualquier otra ciudad, nos encargaremos de que lleguen sanos y salvos a su hogar en Veracruz”, indicó Nahle.
La mandataria estatal también afirmó que, si más migrantes veracruzanos resultan detenidos en circunstancias similares, se aplicarán los mismos protocolos de asistencia legal y económica.
Esta política forma parte del compromiso del gobierno estatal para proteger los derechos humanos de sus ciudadanos, incluso cuando se encuentren fuera del país.
