El primer parque eólico del sexenio se construye en Yucatán
VISIÓN COMPARTIDA - Víctor José López Martínez
La Península de Yucatán fue siempre el territorio más frágil del sistema eléctrico mexicano. Esta semana, con el arribo de sus componentes al Puerto de Altura de Progreso, entró en fase constructiva el Parque Eólico Tizimín II: 75 mega watts, una inversión privada de 2 mil 600 millones de pesos -140.6 millones de dólares-, una generación anual estimada de 272 giga watts-hora, interconexión a la subestación Tizimín de 115 kilovoltios y operación comercial prevista para 2028, generando mil empleos directos e indirectos.
Leído aisladamente, es un proyecto de tamaño medio en un municipio del oriente yucateco. Leído dentro del sistema eléctrico nacional, es la primera pieza física de la gran apuesta de política pública en energía renovable del país.
Ahí está la excepcionalidad. Es el primer parque eólico que arranca construcción en el país bajo el marco energético expedido en 2025, el de la Presidenta Claudia Sheinbaum. El Gobierno federal abrió la generación eólica y fotovoltaica a los privados en diciembre pasado con dieciocho permisos de producción; los participantes del concurso de este año apenas presentaron solicitudes ante la Comisión Nacional de Energía entre julio y agosto; el siguiente proyecto en calendario, que es el de Tamaulipas, inicia obra hasta diciembre.
Toda la cartera nacional sigue en trámite. Yucatán es donde el nuevo modelo completó por primera vez el ciclo íntegro: permiso, financiamiento, contrato de ingeniería, obra. Y es, además, el primer parque eólico que se construye en la entidad en casi seis años. Los mercados no compran anuncios; compran precedentes ejecutados, y este es el primero.
Conviene entender por qué esto ocurre precisamente en Yucatán, porque la respuesta no solo es el viento. La Península opera dentro del Sistema Eléctrico Nacional en una condición estructuralmente insular: sus enlaces de transmisión no alcanzan para importar volúmenes grandes cuando la demanda local rebasa la generación disponible, y esa demanda crece a un ritmo cercano al 3.8 por ciento anual, empujada por el turismo, la agroindustria y, sobre todo, por un crecimiento urbano desordenado y sin planeación, particularmente en Mérida, la capital, cuya expansión rebasó hace años la infraestructura que la sostiene.
Una región que no puede importar energía con holgura tiene que resolver su seguridad energética por dentro. Esa restricción, que durante décadas fue una desventaja, se está convirtiendo en el motor de un caso singular en el país.
El primer indicio está en un dato que casi nadie mira. México opera con una fragilidad crónica en almacenamiento de combustibles: la norma de la Secretaría de Energía exige inventarios mínimos de cinco días de gasolina, diésel y turbosina, y la cobertura efectiva del sistema nacional ha rondado históricamente los dos o tres días, muy por debajo de los treinta que recomienda la Agencia Internacional de Energía. Yucatán es una excepción.
La terminal de almacenamiento del Puerto de Altura de Progreso, con capacidad de 450 mil barriles y utilizada en su totalidad para el suministro de Pemex, aporta por sí sola alrededor de nueve días de inventario de seguridad; sumada a la capacidad de los demás centros de almacenamiento que operan en el estado, la cobertura peninsular se acerca a los doce días, 4 veces el promedio nacional.
Eso no es solamente inventario: es resiliencia logística para toda la península, la diferencia entre absorber una contingencia en la cadena de suministro y padecerla. Un territorio con doce días de autonomía frente a un país que opera con tres enfrenta el riesgo desde otra posición.
El segundo indicio es la generación firme. En mayo entró en operación comercial la Central de Ciclo Combinado Mérida IV, “Elvia Carrillo Puerto”, con 499 mega watts de capacidad y una inversión superior a 454 millones de dólares. En Valladolid se construye la central Riviera Maya, de 1,020 mega watts, prevista para 2027. Entre ambas suman más de 1,500 mega watts de respaldo firme en una región cuya demanda máxima ronda los 3 mil.
Y el tercer indicio es el insumo: el gasoducto Cuxtal II, con inversión de 2 mil 90 millones de dólares y capacidad de 307 millones de pies cúbicos diarios, correrá desde Chiapas por Tabasco y Campeche hasta Yucatán, con operación prevista en mayo de 2027, acompañado de la ampliación del sistema Mayakan. La península llevaba décadas esperando el gas para producir; está a punto llegar.
Sobre esa base de firmeza es donde adquiere sentido el cuarto movimiento, que es el renovable. Yucatán tiene hoy alrededor de 300 mega watts instalados entre parques eólicos y solares. La cartera en desarrollo cambia la escala por completo: además de Tizimín II, el estado cuenta hoy con una docena de proyectos existentes y viables entre eólicos y fotovoltaicos, varios de ellos con sistemas de almacenamiento en baterías, que es exactamente lo que un sistema semiaislado necesita para que la intermitencia deje de ser un problema operativo.
Que una cartera de ese tamaño esté madura tan pronto, a año y medio de expedido el nuevo marco, es el resultado de la velocidad con la que el Gobernador Joaquín Díaz Mena ha operado la coordinación con la Secretaría de Energía, con la Comisión Federal de Electricidad y con los desarrolladores, y de una visión que entendió antes que nadie que la ventana de la transición energética está plenamente abierta.
El plan federal de expansión contempla 32 mil 475 mega watts hacia 2030 con 739 mil millones de pesos, de los cuales 22 mil 376 serán renovables y 6 mil 800 específicamente eólicos. Yucatán está posicionándose para capturar una porción desproporcionada de esa inversión respecto de su tamaño económico, y para convertirse en el gran hub renovable del sureste.
En suma, el retrato es este: almacenamiento y resiliencia logística de combustibles muy por encima del estándar nacional, generación firme nueva de ciclo combinado, gas natural entrando por un nuevo corredor y una cartera renovable que ningún otro estado tiene lista a esta velocidad. Nadie más está moviendo las cuatro piezas a la vez.
El capítulo pendiente es la transmisión, y la secuencia natural es que empiece a resolverse precisamente así: cada central que entra en operación exige y justifica las obras que la evacúan -la subestación de Tizimín ya se adecúa para recibir al nuevo parque-, y una cartera de esta densidad vuelve financiable lo que en el vacío no lo era. La consolidación de la generación arrastrará gradualmente la consolidación de la red.
Es un proceso de años, y el Gobierno estatal lo sabe: por eso trabaja ya en un plan, acompañado por expertos de talla internacional, para administrar ese periodo de transición con medidas no presupuestales que han probado eficacia en sistemas comparables al yucateco, como los de Japón o Hawái, redes insulares o semiaisladas que aprendieron a ganar confiabilidad sin esperar a la gran obra: gestión de la demanda en horas pico, almacenamiento distribuido, reportes en tiempo real a la población. La lección de esas experiencias es que un sistema aislado bien administrado puede ser más confiable que uno interconectado y descuidado.
Con todo en la mesa, el hecho de fondo permanece. Durante medio siglo, la historia energética de la península de Yucatán se escribió desde afuera: la generación llegaba por una línea desde Chiapas, el poco gas por un solo ducto, y las decisiones desde la visión del centro. Lo que está ocurriendo ahora es de otra naturaleza. Un Gobierno estatal que persigue las inversiones hasta el cierre, coordinado con el Gobierno de México y con la Comisión Federal de Electricidad, está reordenando la matriz de la región desde Yucatán, con la complejidad que implica hacerlo en el territorio más frágil del sistema eléctrico nacional.
Esa es la visión compartida que hoy quiero dejar sobre la mesa: la de un estado que dejó de esperar a que su historia energética se escribiera desde afuera y decidió escribirla él mismo, con reglas claras, con obras en marcha y con el país entero como beneficiario de lo que ahí se aprenda.
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