Migrantes en Estados Unidos que viven de manera irregular en el país ya no sólo tienen que cuidarse del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE); también deben hacerlo de la inteligencia artificial (IA), que está siendo utilizada para engañarlos, clonar la identidad de abogados, su voz y hacerles creer que van a arreglar su situación migratoria.
Al final, los migrantes no sólo pierden miles de dólares, sino que muchos terminan deportados del país.
Ángel Leal Jr., abogado migratorio en Doral Florida, explicó a EL UNIVERSAL que los criminales clonaron “mi imagen, mi nombre y hasta mi voz con inteligencia artificial para engañar a migrantes que buscan regularizar su situación” en EU.
Los estafadores, explicó, tomaron videos reales de Leal, los manipularon con IA y publicaron anuncios y perfiles falsos, fingiendo ser él.
“Te enganchan con el video falso. Ves el video, pides más información, te dirigen a un número de WhatsApp y a través de ese número dialogan con la persona”.
El o los delincuentes les piden depositar dinero a través de sistemas bancarios como Zelle, Venmo o alguna de esas plataformas.
En el video, la versión falsa del abogado promete “ciudadanía americana sin examen, permiso de trabajo inmediato, residencia en no sé qué tiempo”, contó Leal.
“Promesas que no pueden ser posibles”, detalla. Pero eso, los migrantes no lo saben. Los criminales, lamentó, “se aprovechan de la necesidad ajena”. Los migrantes, dijo, “están muy asustados y eso muchas veces no les permite darse cuenta de lo que está sucediendo.
Los delincuentes también usaron contratos con el logo del bufete de Leal, firmas apócrifas, páginas web casi idénticas a la real y falsas audiencias migratorias donde la víctima creía que le estaban concediendo residencia o ciudadanía. “Todo es mentira, hasta esos extremos han llegado”, dijo Leal.
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Hilda Guzmán, originaria de Jalisco y quien llegó a Chicago con una solicitud de asilo, cayó en una de esas estafas. En enero, desesperada por regularizar su situación migratoria, encontró en redes sociales una página que prometía ayuda para personas como ella.
Primero, le pidieron 70 dólares (equivalentes a mil 204 pesos mexicanos), supuestamente para apoyar a una iglesia y a otros migrantes; después vinieron más cobros, hasta llegar a unos 7 mil dólares (120 mil 492 pesos) por trámites de permiso de trabajo y seguro social.
Nunca conoció en persona al supuesto abogado; cuando le pidió pruebas de identidad, recibió una fotografía y un documento que cumplía aparentemente con la ley.
Cuando finalmente descubrió que los documentos fueron creados con IA, sintió pánico. Buscó el número migratorio que le habían dado en la base del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y no encontró el registro.
Habló a la organización que el supuesto abogado con el que trató decía representar y ésta no lo conocía.
Ahora, Guzmán tiene miedo. No sabe si lo que hizo afectó su proceso real de regularización en Estados Unidos. “No se me hace justo que se burlen y se aprovechen de uno; no sé qué va a pasar conmigo”, declaró a medios locales.
En 2025, la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos dio cuenta de más de un millón de denuncias de estafas de suplantación de identidad.
Pero ahora, los delincuentes encontraron en los migrantes indocumentados a las víctimas perfectas, porque incluso si su estafa se descubre, el miedo a ser deportados del país detiene a los migrantes de denunciar.
El pasado 20 de febrero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó en el Distrito Este de Nueva York a cinco personas de operar una falsa firma llamada CM Bufete de Abogados Consultoría Migratoria.
Según la acusación, captaban víctimas principalmente en Facebook, cobraban cientos o miles de dólares por servicios legales inexistentes, enviaban documentos ficticios y organizaban supuestas audiencias por videoconferencia.
Los acusados se hacían pasar por jueces migratorios, agentes de seguridad y abogados. En las audiencias falsas usaban togas, uniformes, banderas, fondos de corte y sellos oficiales.
La investigación identificó más de 100 mil dólares (un millón 721 mil 311 pesos) en transacciones fraudulentas.
Al menos una de las víctimas recibió una orden de deportación después de faltar a una audiencia real porque creyó que su caso ya avanzaba por la vía falsa.
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