Maltrato animal en Veracruz: aprueban penas mayores
El Congreso de Veracruz aprobó reformas que elevan las penas por maltrato animal hasta seis años de prisión y multas de mil 500 UMAs si causa la muerte
El Congreso de Veracruz aprobó por unanimidad, el 15 de octubre, reformas para endurecer las sanciones por maltrato animal, con penas de hasta seis años de prisión y multas de mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) cuando las agresiones provoquen la muerte de un animal.
El dictamen obtuvo 39 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, e incluyó modificaciones al Código Penal, la Ley de Protección a los Animales y la Ley Estatal de Protección Ambiental.
Maltrato animal en Veracruz: nuevas sanciones
Con los cambios al Código Penal, los actos intencionales de crueldad que provoquen sufrimiento o lesiones podrán castigarse con uno a cuatro años de cárcel y multas de 150 a 600 UMAs.
Si el animal muere a consecuencia de las agresiones, las penas aumentarán de tres a seis años de prisión, además de multas de 600 a mil 500 UMAs, calculadas con el valor diario vigente al momento de los hechos.
Las reformas también incorporan conductas delictivas como el abuso sexual, el abandono y la sustracción de animales, además de establecer facultades para que las autoridades ambientales, de seguridad y de procuración de justicia intervengan en estos casos.
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Maltrato animal en Veracruz: rescate y protección
Las modificaciones a la Ley de Protección a los Animales delimitan las atribuciones de las autoridades y precisan las competencias de la Secretaría de Salud y los ayuntamientos respecto a los centros de salud animal.
También establecen condiciones para ingresar a domicilios, con consentimiento o mediante control judicial, así como disposiciones para el rescate y la custodia de animales.
Durante la discusión, la diputada de Morena, Imelda Garrido Alvarado, señaló que la violencia contra los animales no es un hecho aislado y la relacionó con otras expresiones de violencia social y familiar.
Por su parte, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, coordinador del PVEM, respaldó el dictamen y destacó la importancia de aplicar las disposiciones en los municipios.
Los artículos transitorios establecen un plazo de 180 días, a partir de la entrada en vigor del decreto, para que el Gobierno estatal y los ayuntamientos adecuen sus reglamentos.
Las reformas también se vinculan con los Objetivos 15 y 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
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