Solicitan desafuero de alcalde por caso Roxana Guzmán
La Fiscalía de Veracruz pidió el desafuero del alcalde de Ixhuatlán del Sureste por su presunta relación con el asesinato de la periodista Roxana Guzmán.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitó al Congreso local el desafuero de Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, al señalarlo como presunto autor intelectual del secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán. La petición fue declarada procedente por las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales, lo que da inicio al procedimiento legislativo que permitirá determinar si el edil puede ser sometido a una investigación penal.
Fiscalía de Veracruz impulsa desafuero por caso Roxana Guzmán
De acuerdo con la Fiscalía estatal, la solicitud fue acompañada de documentación y elementos de prueba que, a consideración de la institución, vinculan al presidente municipal con el crimen de la comunicadora. Con base en esa información, el Congreso de Veracruz admitió el trámite para continuar con el proceso de desafuero.
La determinación de las comisiones legislativas no implica una resolución sobre la responsabilidad penal del alcalde, sino que permite avanzar en el procedimiento para analizar si se le retira la inmunidad procesal que actualmente posee por ocupar un cargo de elección popular.
Desafuero del alcalde será analizado por comisión legislativa
Investigación señala una fotografía como posible móvil
El expediente será remitido a la Comisión Permanente Instructora del Congreso de Veracruz, instancia encargada de revisar el caso y definir el curso que seguirá la solicitud presentada por la Fiscalía.
Según las investigaciones de la Fiscalía de Veracruz, Roxana Guzmán tenía en su poder una fotografía que presuntamente mostraba al alcalde Raúl González Martínez portando un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. De acuerdo con la línea de investigación, esa imagen habría sido el motivo por el que el edil presuntamente buscó impedir que se hiciera pública.
Las autoridades ministeriales sostienen que existen elementos suficientes para que el caso sea investigado por la vía penal. No obstante, será el Congreso del Estado el que determine, conforme al procedimiento legal, si procede el retiro del fuero constitucional del alcalde para que enfrente las investigaciones correspondientes ante las autoridades judiciales. Cabe señalar que, hasta el momento, el proceso legislativo continúa en curso y no constituye una sentencia ni una declaración de culpabilidad.

