Suprema Corte de EE. UU. cierra la puerta a México en demanda contra fabricantes de armas
El máximo tribunal estadounidense desestimó la demanda de México que buscaba responsabilizar a la industria armamentista por la violencia en la frontera. La decisión refuerza la inmunidad de los fabricantes bajo la ley federal.
Jueces fallan unánimemente a favor de la industria de armas
La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó este jueves la demanda presentada por el gobierno mexicano contra fabricantes estadounidenses de armas de fuego, quienes eran acusados de facilitar, de forma indirecta, la violencia generada por los cárteles en la frontera sur.
El fallo, redactado por la jueza Elena Kagan, fue unánime y concluyó que la demanda no cumple con los criterios establecidos por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés). Esta ley protege a los fabricantes de armas de demandas civiles cuando el uso indebido de sus productos deriva en daños, a menos que haya una violación específica a leyes estatales o federales.
Corte reconoce el problema, pero exige más pruebas
Kagan reconoció que existen ventas ilegales y que los fabricantes están conscientes de ello, pero enfatizó que “la demanda de México no alega de forma plausible que los fabricantes demandados ayudaron e instigaron la venta ilegal de armas de fuego a traficantes mexicanos”.
Añadió que la excepción legal solo aplica cuando se demuestra que los fabricantes participaron directamente en la violación legal, algo que México no probó. “No tenemos dudas de que, como afirma la denuncia, algunas de esas ventas tienen lugar y que los fabricantes saben que sucede”, expresó.
México no presentó pruebas directas
Uno de los puntos clave del fallo fue que México no identificó transacciones delictivas específicas ni acusó directamente a los distribuidores intermediarios en EE. UU., quienes son los que venden las armas a los minoristas. Según la Corte, esta omisión fue crítica, pues “los fabricantes no abastecen directamente a ningún comerciante, sea corrupto o no”.
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La demanda de 10 mil millones de dólares fue presentada en 2021 y acusaba a empresas como Smith & Wesson, Glock y Colt de prácticas negligentes que facilitaban el tráfico ilegal de armas.
A pesar del revés, aún hay camino legal
Jonathan Lowy, fundador de la organización Global Action on Gun Violence, que respalda el litigio, señaló que el fallo no blinda completamente a la industria de futuras responsabilidades. “No aceptaron los argumentos generalizados de inmunidad total”, dijo.
Por su parte, Pablo Arrocha Olabuenaga, asesor legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, afirmó que México continuará con otras demandas en curso contra comerciantes de armas estadounidenses y seguirá luchando para frenar el flujo de armamento al crimen organizado.
