La pesca ilegal devasta los mares y las comunidades de Veracruz
Con 225 denuncias acumuladas y 1,565 toneladas de producto incautado, la pesca ilegal representa el 40% de las capturas en México, poniendo en riesgo ecosistemas y economías locales.
En los últimos años, Veracruz se ha convertido en un foco rojo para las autoridades ambientales y pesqueras del país. Con 225 denuncias por pesca y comercialización ilegal de especies marinas acumuladas desde 2010, el estado enfrenta una crisis que no solo amenaza la biodiversidad marina, sino también la estabilidad económica de las comunidades pesqueras que dependen de esta actividad.
Según datos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), entre 2023 y 2024 se registraron 24 denuncias por captura ilegal en la entidad. Además, de 2010 a 2024, se han documentado diez denuncias por comercialización ilegal y tres por posesión ilegal de productos pesqueros. Estas cifras reflejan solo una parte del problema, ya que se estima que la pesca ilegal representa el 40% del total de las capturas en México.
En diciembre de 2023, Conapesca aseguró 1,565.7 toneladas de producto pesquero y 214,052 piezas de diversas especies marinas en varios estados, incluido Veracruz. Estas incautaciones, realizadas entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2024, evidencian la magnitud de un delito que opera al margen de la ley, explotando recursos sin respetar vedas, tallas mínimas o métodos de pesca sostenibles.
La pesca ilegal se clasifica en tres categorías: la pesca ilegal propiamente dicha, realizada por embarcaciones sin permiso que violan regulaciones nacionales e internacionales; la pesca no declarada, que incluye capturas no registradas o mal reportadas; y la pesca no reglamentada, que ocurre en zonas sin medidas de manejo o donde no se cumplen las disposiciones de las organizaciones regionales.
Este fenómeno no solo distorsiona la información vital para regular la actividad pesquera, sino que también pone en riesgo los ecosistemas marinos. La extracción excesiva de especies, el uso de artes de pesca prohibidas y el incumplimiento de vedas afectan la salud de las poblaciones de peces y comprometen las estrategias de manejo sostenible.
Un estudio de la organización Oceana destaca que la falta de información precisa sobre el volumen real de las capturas y el estado de las especies es uno de los principales obstáculos para combatir la pesca ilegal. Sin datos confiables, las autoridades no pueden tomar decisiones informadas para preservar los stocks pesqueros y garantizar la sostenibilidad a largo plazo.
Las consecuencias de la pesca ilegal no se limitan al medio ambiente. Para las comunidades pesqueras que cumplen con las normativas, este delito representa una amenaza directa a su forma de vida. La sobreexplotación de recursos marinos reduce las poblaciones de peces, afectando los ingresos de los pescadores legales y generando incertidumbre sobre su futuro económico.
“La pesca es más que una actividad económica; es una forma de vida que depende directamente de la disponibilidad de recursos marinos”, señala un informe de Conapesca. Cuando los stocks disminuyen debido a la pesca ilegal, las comunidades que respetan las regulaciones pierden su principal fuente de sustento, lo que agrava su vulnerabilidad económica y social.
La sobreexplotación derivada de la pesca ilegal no solo amenaza la abundancia de especies, sino que también puede llevar al colapso de las pesquerías locales. Este escenario genera creciente preocupación entre las autoridades y las comunidades, que ven cómo la pesca ilegal dificulta el manejo adecuado y sostenible de los recursos marinos.
Mientras Veracruz y otros estados costeros enfrentan este desafío, la necesidad de fortalecer la vigilancia, mejorar la recopilación de datos y promover prácticas sostenibles se vuelve cada vez más urgente. El futuro de los océanos y de quienes dependen de ellos está en juego.
