Claudia Sheinbaum busca blindar a México contra el maíz transgénico con reforma constitucional
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que presentará una iniciativa para modificar la Constitución y prohibir la siembra de maíz transgénico en el país. Esta propuesta busca reforzar la protección del maíz nativo mexicano y llega tras un fallo desfavorable en un panel del T-MEC, donde Estados Unidos y Canadá objetaron las restricciones impuestas por México a los productos genéticamente modificados.
Un fallo que marca tensiones internacionales
En diciembre de 2024, un grupo de especialistas del T-MEC concluyó que las medidas de México, implementadas en un decreto de 2023, violan las disposiciones comerciales del tratado al no estar respaldadas por evidencia científica suficiente. Entre estas medidas, destacaban la prohibición del uso de glifosato y la restricción de maíz transgénico para consumo humano.
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Defensa del maíz nativo y soberanía alimentaria
Sheinbaum subrayó que la propuesta busca proteger el maíz nativo, símbolo cultural y económico de México, ante los riesgos asociados con los cultivos genéticamente modificados. Además, elogió la reciente decisión de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien declaró a la capital como un “territorio libre de maíz transgénico”.
“La defensa del maíz nativo no es nueva. Estas acciones son un esfuerzo continuo que hemos trabajado desde 2001, cuando ocupé la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México”, recordó Sheinbaum.
Hacia una regulación más firme
La reforma propuesta también busca establecer un marco legal sólido que permita a México tomar decisiones soberanas en temas agrícolas y ambientales, sin dejar de cumplir sus compromisos internacionales. Aunque el Gobierno mexicano acatará el fallo del panel ajustando las medidas en los plazos establecidos, Sheinbaum enfatizó que la reforma constitucional es un paso necesario para garantizar una protección integral del medio ambiente y la biodiversidad.
Este debate pone de manifiesto la tensión entre los compromisos comerciales internacionales y la necesidad de priorizar políticas que protejan los recursos naturales y la salud pública en el país.
Según el fallo, México tiene un plazo de 45 días, a partir del 20 de diciembre, para ajustar sus políticas a las normativas comerciales del T-MEC. Sin embargo, el dictamen solo aborda el decreto en cuestión y no limita al país en su capacidad de modificar su Constitución para prohibir la siembra de maíz transgénico a nivel nacional.
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