Aumento alarmante de la violencia infantil en Veracruz en los últimos 14 años

Veracruz ha experimentado un alarmante aumento en los casos de violencia sexual infantil, pasando de cinco casos en 2010 a 791 en 2023, lo que representa un incremento del 15,720%, según el Balance Anual 2024 de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). Este crecimiento pone al estado en el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a casos registrados de violencia sexual contra menores, solo por detrás del Estado de México y Jalisco.

Aunque estos números se basan en datos oficiales actualizados hasta 2023, las cifras dejan en evidencia un fenómeno preocupante: de los casi 4,000 casos reportados entre 2010 y 2023, 74 corresponden a menores indígenas y 64 a niños con alguna discapacidad, lo que refleja la vulnerabilidad de estos sectores.

A pesar de la magnitud del problema, la respuesta judicial en Veracruz sigue siendo insuficiente. El Poder Judicial del Estado reportó solo 12 sentencias condenatorias de 50 procesos penales abiertos por violación de menores entre 2023 y 2024. En el caso del abuso sexual, de ocho casos analizados con perspectiva de infancia y adolescencia, ninguno recibió una condena.

Este déficit en la justicia se ve agravado por la falta de mecanismos accesibles para la denuncia, lo que contribuye a perpetuar la impunidad. La Redim denuncia que el miedo, la estigmatización y la revictimización durante los procesos judiciales dificultan que las víctimas encuentren reparación integral.

El contexto nacional refleja una tendencia alarmante: entre 2010 y 2023, la violencia sexual infantil aumentó en México un 1,139.2%, pasando de 791, a 9,802 casos, lo que resalta la necesidad urgente de implementar medidas de prevención y acción judicial efectivas.

Por su parte, la organización Alumbra señala que la falta de un sistema de datos confiable y la heterogeneidad de los códigos penales estatales contribuyen a la confusión y a la impunidad. El Código Penal Federal contempla 14 delitos relacionados con violencia sexual infantil, mientras que los códigos estatales incluyen más de 40 definiciones diferentes, lo que agrava el problema de la visibilidad y la sanción de este delito.

Ante esta situación, tanto la Redim como Alumbra hacen un llamado urgente a fortalecer los mecanismos de prevención, denuncia y atención a las víctimas, así como a garantizar que los procesos judiciales sean efectivos, libres de revictimización y centrados en las necesidades de los menores. La violencia sexual infantil, afirman, es una responsabilidad colectiva que requiere la cooperación activa de la familia, las escuelas, el sistema de salud y las autoridades.

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