Según un reciente informe de la Asociación Civil Equifonía, Veracruz se sitúa en el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a casos de embarazo infantil. Esta información se basa en datos oficiales obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y detalla la magnitud del problema en el estado.
Equifonía, con casi 15 años de experiencia en la defensa de los derechos de las mujeres en Veracruz, ha realizado un seguimiento exhaustivo a través de su Campaña de Erradicación del Embarazo Infantil y Disminución del Embarazo Adolescente. El embarazo infantil se define como aquel en niñas de 9 a 14 años, mientras que el embarazo adolescente se refiere a mujeres de 15 a 19 años.
Entre 2021 y 2023, se registraron 2,051 casos de embarazo en niñas menores de 14 años en Veracruz. De estos casos, solo 28 niñas (aproximadamente el 1.3%) lograron acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), una opción legal para víctimas de violencia sexual en cualquier etapa de gestación. El resto de las niñas continuaron con el embarazo y el parto, a menudo debido a barreras en el acceso a servicios de salud y justicia.
La organización destaca que todas las niñas embarazadas en este rango de edad son consideradas víctimas de violencia sexual, ya que legalmente no se reconoce el consentimiento de una niña de 14 años.
Municipios con más casos de embarazo infantil en Veracruz (2023):
- Veracruz: 21 casos
- San Andrés Tuxtla: 21 casos
- Coatzacoalcos: 19 casos
- Acayucan: 18 casos
- La Perla: 17 casos
- Las Choapas: 15 casos
- Coscomatepec: 14 casos
- Xalapa: 14 casos
- Soteapan: 14 casos
- San Juan Evangelista: 13 casos
- Papantla: 12 casos
- Sayula de Alemán: 10 casos
- Soledad Atzompa: 10 casos
- Altotonga: 9 casos
- Hueyapan de Ocampo: 9 casos
- Martínez de la Torre: 9 casos
- Perote: 9 casos
- Córdoba: 8 casos
- Camerino Z. Mendoza: 7 casos
- Catemaco: 7 casos
Este informe subraya la urgencia de abordar la violencia sexual y la falta de acceso a servicios de salud reproductiva en el estado, además de la necesidad de fortalecer las políticas públicas para proteger a las niñas y adolescentes de estas situaciones.
