Aumentan tomas clandestinas de hidrocarburo en Veracruz
Veracruz duplicó las tomas clandestinas de hidrocarburo en el primer trimestre de 2025, según IGAVIM, con 58 casos detectados por PEMEX.
Se duplican casos en comparación con el mismo periodo de 2024
Durante el primer trimestre de 2025, Veracruz registró un preocupante incremento en las tomas clandestinas de hidrocarburo, con un total de 58 casos, cifra que representa un aumento del 93% respecto al mismo periodo de 2024, según datos del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM).
Entre enero y marzo del año pasado se contabilizaron 30 tomas ilegales en la entidad, mientras que en el mismo periodo de este año Petróleos Mexicanos (PEMEX) detectó casi el doble. Esto equivale a una toma clandestina cada 42 horas, lo que enciende las alarmas sobre la seguridad de la infraestructura energética en la región.
Los municipios más afectados fueron Tierra Blanca, con 17 casos; Rodríguez Clara, con 14; y otros como Oteapan, Isla y Jáltipan, que reportaron 4 tomas cada uno. Estas cifras colocan a Veracruz como una de las entidades con mayores desafíos en el combate al robo de combustibles.
Contexto nacional y contraste con otras entidades
A nivel nacional, el panorama muestra una tendencia distinta. Según el informe del IGAVIM, de enero a marzo de 2025 se detectaron 2,444 tomas clandestinas en ductos de hidrocarburo, lo que representa una disminución del 19.53% en comparación con el mismo periodo de 2024.
Pese a esa baja general, entidades como Hidalgo (610), Jalisco (453), Tamaulipas (214), Guanajuato (213), Querétaro (206), Nuevo León (154) y Coahuila (107) encabezan la lista de estados con más incidencias. Veracruz, aunque lejos del primer lugar, destaca por su crecimiento porcentual.
Persisten riesgos para la seguridad y el medio ambiente
El aumento en las tomas clandestinas no solo representa pérdidas económicas para PEMEX, sino que también implica riesgos ambientales, sociales y de seguridad pública. Las perforaciones ilegales a ductos pueden provocar fugas, explosiones o derrames que ponen en peligro a comunidades cercanas y afectan el equilibrio ecológico.
El IGAVIM subraya la necesidad de fortalecer la vigilancia, la coordinación interinstitucional y la denuncia ciudadana para frenar esta práctica delictiva, que sigue representando uno de los principales retos en materia energética y de seguridad en el país.
