El gobierno venezolano ha notificado a la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que suspenda sus actividades y ha dado a su personal un plazo de 72 horas para abandonar el país. El canciller Yván Gil, en un comunicado, acusa a la oficina de adoptar una “actitud colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas” hacia Venezuela, instándolos a rectificar públicamente.
La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, lamentó el anuncio y está evaluando los siguientes pasos a seguir. Esta decisión de expulsar a los representantes de la ONU en derechos humanos surge en medio de una ola de detenciones a críticos prominentes, generando preocupaciones de una escalada represiva por parte del gobierno.
Recientemente, la periodista y activista Rocío San Miguel fue detenida bajo acusaciones de participar en un plan para asesinar al presidente Maduro. La Fiscalía venezolana la detuvo cuando estaba a punto de abordar un vuelo en el aeropuerto de Caracas. Varias entidades de la ONU expresaron preocupación por su paradero, exigiendo el respeto de sus derechos y el debido proceso.
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Por otro lado, la televisión estatal venezolana cuestionó los comentarios críticos del relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, hacia el programa CLAP, el cual el gobierno elogia como medida de apoyo a la población. Fakhri afirmó que, aunque tenía buenas intenciones, el programa se ha vuelto susceptible al clientelismo político y no aborda las causas profundas del hambre y la desnutrición en Venezuela.
La decisión del gobierno venezolano contra la oficina de la ONU se considera un paso inusualmente hostil. El comunicado acusa a la oficina del Alto Comisionado de convertirse en “el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que se confabulan contra el país”. Además, se anunció una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con la Oficina.
Desde que el gobierno y la oposición alcanzaron un acuerdo en octubre para elecciones competitivas, respaldado por Estados Unidos, se ha producido un aumento en las detenciones de activistas opositores. Informes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han señalado abusos como detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.
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