Castillo de Manzanares en Madrid cierra al público
El histórico Castillo Nuevo de los Mendoza, ubicado en Manzanares el Real, ha regresado a ser propiedad de la Casa Ducal del Infantado, después de que el contrato de arrendamiento que mantenía con la Comunidad de Madrid durante los últimos 60 años llegara a su fin. Sin embargo, la reapertura del castillo al público se encuentra actualmente suspendida debido a la falta de las licencias necesarias para su funcionamiento, lo que deja en el aire su futuro como espacio turístico.
La duquesa Almudena de Arteaga y de Alcázar ha sido quien ha recuperado la propiedad de este emblemático inmueble, erigido en 1475 por el primer duque del Infantado, Diego Hurtado de Mendoza y Figueroa, y diseñado por el arquitecto de los Reyes Católicos, Juan Guas. La familia Arteaga había expresado su deseo de mantener abierto el castillo al público, considerando su valor turístico y el impacto económico positivo que tiene en la localidad madrileña. Sin embargo, la expiración del contrato el pasado 5 de enero ha puesto freno a esos planes, ya que las autoridades municipales y regionales han indicado que no pueden conceder las licencias necesarias para su apertura debido a la calificación rústica del terreno en el que se ubica el castillo.
El monumento, que fue testigo de la firma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid en 1983, había sido gestionado por el Gobierno regional desde 1965, con inversiones dirigidas a su restauración, conservación y mantenimiento. La familia Arteaga, sin embargo, considera que la calificación del terreno como rústico debió haberse considerado durante los 60 años de gestión pública, una cuestión que ahora obstaculiza la reapertura del castillo.
El abogado de la familia ha señalado que existen vías legales que podrían permitir una solución rápida, instando tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento de Manzanares a encontrar una “solución urgente” que permita que el castillo vuelva a ser un espacio accesible para los visitantes. “Es cuestión de voluntad política”, subraya el abogado, apuntando a que las administraciones tienen la capacidad de desbloquear la situación.
